No es nuevo mantener que los disidentes políticos sean enfermos mentales y criminales.
Ha ocurrido así, por ejemplo, en variados Estados totalitarios (Alemania en los años treinta del Siglo XX, la Unión Soviética, sobre todo en los años sesenta del mismo siglo, China durante toda el régimen comunista y Cuba bajo el mando de los hermanos Castro). En los países comunistas se considera que la oposición política proviene de los residuos nefastos del capitalismo, y por otro lado en el fascismo la atribuyen a fuerzas degenerativas de tipo racial o a anormalidades físicas o psíquicas. Por esta razón el totalitarismo etiqueta la discrepancia pública como un tipo de criminalidad enfermiza que requiere reeducación o tratamiento psiquiátrico y psicológico. Dicen que la reclusión de estas personas no es para castigarlas sino para rehabilitarlas. Quienes “sufran” del inconformismo político padecen de una patología que debe ser curada.
Por otro lado se han empleado estrategias desarrolladas por psicólogos para amedrentar y deprimir presos en lugares como la base estadounidense de Guantánamo en Cuba. Martin Seligman, el psicólogo que desarrollo la noción de la "desesperanza aprendida" (learned helplessness) enseñó a oficiales del Pentágono cómo bajar la resistencia de los presos retenidos allí.
En el libro “The Politics of Psychiatry” Brown y Lago documentan el uso de la psiquiatría para el control político en Cuba. Los autores investigaron las historias de 27 disidentes acusados de la oposición no-violento al régimen. Los autores cuentan como los “tratamientos” incluían la terapia electroconvulsiva, baños fríos, golpes y el abuso sexual, y uno de los “pacientes” revisados para el estudio fue encontrado quemado con gasolina.
Esta comunicación no es el lugar para detallar las arbitrariedades en este tipo de centro de reeducación. Más bien el propósito es advertir sobre dos peligros relacionados con la mezcla de castigos y “acusaciones” de enfermedades mentales.
Como se tratan de castigos, el primer peligro reside en el traslado de prácticas sádicas a los procedimientos psiquiátricos. El segundo es considerar a la disidencia política como una enfermedad mental, y diagnosticar enfermedades inexistentes a los presos.
Con esta introducción se abre a la consideración las recientes declaraciones de algunos políticos y profesionales de la psicología en el marco de un foro denominado “Psicología, Violencia y Operaciones Psicológicas”, realizado en la Cancillería del país el 12 de junio e inaugurado por el Ministro de Comunicación, Ernesto Villegas. En esta reunión calificaron a quienes se manifiestan en contra del gobierno de “enfermos mentales” y “terroristas”. Son, de hecho, cualidades que le han adjudicado a toda la disidencia, y el presidente Maduro, dos días después, recomendó que se internen a estas personas en “laboratorios de paz”, es decir, campos de reclusión donde se pretende “rehabilitarlas”.
Es necesario señalar que dichos psicólogos son personas con largas y distinguidas careras en sus respectivos campos. En auras de del entendimiento mutuo podemos conjeturar que sus motivaciones tienen que ver con su deseo de contribuir en algo al mejoramiento de las deplorables condiciones actuales del encarcelamiento de los presos políticos en Venezuela.
En sus declaraciones hicieron hincapié en la juventud de los protestantes; sin embargo es de notar que actualmente quienes protestan son de todas las edades.
En su mención del “terrorismo” surgieron que los manifestantes sean violentos. No hay evidencia de que estén armados ni que lleven algo más que escudos y máscaras para protegerse contra los gases tóxicos arrojados en su contra por las fuerza de orden. Ahora les disparan balas, y contra ellas no hay protección posible. Hay mucha evidencia en videos y descripciones de los testigos que la violencia proviene sobre todo de los militares, la Guardia Nacional y los paramilitares. En su vasta mayoría los protestantes son pacíficos; por esta razón, llamar a los jóvenes “terroristas” va en contra de la evidencia.
La protesta no es ni delito ni enfermedad: La protesta política es un derecho de ciudadanía. El derecho a protestar está consagrado en la Constitución Venezolana de 1999 y en La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948.
La ética en el tratamiento psicológico: En su código ético, la Asociación Americana de Psicología afirma que todo proceso terapéutico requiere el consentimiento informado para el tratamiento por parte del paciente y que su participación en él es voluntaria.
El Código de Ética del Psicólogo en Venezuela incluye estos artículos:
Artículo 9: ... ante situaciones de fuerza de regímenes que desconozcan el ejercicio de la libertad y la supremacía de la dignidad del hombre, los Psicólogos podrán limitarse al cumplimiento estricto del deber profesional... .
Artículo 15: El respeto a la integridad de la persona humana en los distintos ámbitos donde se desempeñe como profesional, constituye uno de los más sagrados deberes del Psicólogo, quien en todo momento debe velar por el bienestar individual y social en la prestación de sus servicios a personas naturales o a instituciones públicas o privadas, y en los campos de la investigación pura o aplicada.
Por estas razones rechazo las declaraciones que asemejan la disidencia y los trastornos mentales, y que proponen tratamientos involuntarios.
Referencias
1. American Psycological Asociation (2003). Ethical Principles of psychologists and code of conduct. Sección 10.1. Disponible en: http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
2. Brown, Charles J. y Lago, Armando M. (1991). The Politics of Psychiatry in Revolutionary Cuba. Freedom House of Human Rights, 217 páginas
3. Código de ética de la psicología en Venezuela. Disponible en: http://fpv.org.ve/documentos/codigodeetica.pdf
3. Panagua, Luisa (junio, 2017).Alertan que para el gobierno los manifestantes son “enfermos mentales” VPltv. Disponible en: http://www.vpitv.com/venezuela/alertan-que-para-el-gobierno-los-manifestantes-son-enfermos-mentales/