Los gobiernos autoritarios teman a instituciones que no controlan. Por esta razón ponen trabas y regulaciones extremas sobre las empresas y compañías no-gubernamentales de producción nacional. A veces llegan al extremo de intentar importar todo lo que necesita la población para tenerlo bajo un solo mando local.
Aun en las democracias hacen falta leyes que regulan estas entidades; hay que reglamentarlas porque su meta principal es ganar dinero. Necesariamente el gobierno, que suponemos representa a los intereses del pueblo, tiene que poner cuotas sobre relaciones laborales, el manejo financiero, los impuestos y la calidad de los productos que hacen. Pero esta vigilancia e imposición de limitaciones no puede obstruir el objetivo secundario de las empresas, que es fabricar objetos y ofrecer servicios que alimentan, visten, albergan, sanan y brindan comodidades a la población del país donde se ubican.
En una democracia existe una multitud de organizaciones e instituciones de las cuales sólo algunas cuantas pertenecen a la oficialidad. A veces esta afluencia de voces parece caótica, pero proveen una diversidad indispensable para cualquier república.
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